Néstor Alonso López

Economía y negocios

El negocio de la seguri­dad privada en el país movió 6 billones 784 mil millones de pesos en el 2013, representando el 1,6 por ciento del PIB. Su crecimiento fue de casi 14 por ciento en factura­ción con relación al 2012.

Además, datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Priva­da muestran la tendencia crecien­te del sector en los últimos años: su facturación se ha duplica­do desde los 3 billones 158 mil millones de pe­sos del 2007 (ver gráfi­co). Por otra parte, la in­dustria genera más de 240.000 empleos.

Dichas cifras dan idea de la motivación que hay detrás de la puja que se ha dado entre dos gre­mios que reclaman cada uno la vocería mayoritaria del sector y que tie­nen sendos proyectos de ley redactados para pre­sentarse al Congreso.

Sería algo así como el cuarto round en una lu­cha legislativa que ha quedado en tablas en va­rias oportunidades des­de el 2011, pues las par­tes han presentado sus proyectos, sin que logre pasar ninguno de ellos. En junio pasado se había logrado la conciliación, pero el Gobierno hizo hundir el proyecto.

Ahora, la discusión al respecto promete darles más protagonismo a las comisiones segundas de Cámara y Senado, pues son las mismas que abor­darán el debate sobre presuntos vínculos del ex presidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico.

En el trasfondo hay también un rifirrafe origi­nado en los pasos de ele­fante del capital foráneo, que ha llegado a copar más de una tercera parte del mercado de la seguri­dad privada y busca posicionarse aún más.

Justamente, Fedeseguridad, una de las parte de la disputa, tiene como afiliadas a Brinks, G4S, Se-curitas y Prosegur, las cua­tro firmas más importan­tes a nivel mundial en ese campo y con su proyecto busca un blindaje jurídico no solo para la inversión que ellas han hecho y que aumentarían, sino ante la posibilidad de que otras extranjeras lleguen al país.

Su contraparte, An­devip (Asociación Na­cional de Entidades de Seguridad Priva­da) pretende recupe­rar el campo que han perdido las nacio­nales, alegando la exis­tencia de no -mas y sen­tencias de la Corte Consti­tucional que consideran la vigilancia privada como asunto de seguridad nacio­nal y, por tanto, la restringen para los extranjeros.

El debate se convertiría en un escenario de con­frontación entre el Gobier­no y la oposición Uribista, ya que se espera que el proyecto de Fedeseguridad lo presente el Ministe­rio de Defensa y el de Andevip, la bancada del Cen­tro Democrático que lidera Uribe.

Leyes y sentencias prohíben la inversión foránea en vigilancia’

Andevip ha argumentado que el Decreto Ley 356 de 1994 o Estatuto de Vigilancia que expidió la Presidencia dentro de un estado de con­moción interior le da a esta área el carácter de asunto de seguridad nacional y prohíbe la participación de empresas extranjeras en él. «Aun así han entrado todas las multi­nacionales que dominan el negocio en el mundo, situa­ción que no nos ha podido ex­plicar el ente de control (la Su­perintendencia de Vigilancia y Seguridad) y mucho menos el Ministerio de Defensa», anota el presidente de la Aso­ciación, Oswaldo Parada. Parada menciona además la Sentencia T123 del 2011, que declaró exequibles los ar­tículos del Decreto 356 que hablan del tema, además de poner de manifiesto que los Estados deben conservar algunos privilegios para los nacionales.  El dirigente añade que estas sean validado de alianzas con firmas naciona­les y reitera que el objetivo del proyecto de ley de auto­ría de Andevip es preservar el interés de más de 500 em­presas nacionales afiliadas a las cuales ha representado por 29 años, frente al crecien­te monopolio de las foráneas.

Proyecto busca darle seguridad jurídica al capital foráneo

De acuerdo con la directora  ejecutiva de Fedeseguridad, Catalina Tapias, el régimen de inversión extranjera (Decreto 2080 del 2000) permite el capital foráneo en todos los sectores económicos y solo la exceptúa en defensa y seguridad nacional, así como en la disposición de basura tóxica o radioactiva. «Nosotros no estamos dentro de estos dos campos», enfatiza. Pero además, según ella, el
2080 derogaría el Artículo 12 del Decreto Ley 356, al cual además le cuestiona su validez porque el presidente no habría tenido facultades para tratar asuntos como este que requieren de Leyes Marco, asunto en el cual cita también la Sentencia 432 del 2004 y la existencia de tratados internacionales.

El proyecto de ley de Fedeseguridad busca blindar jurídicamente la inversión extran­jera. Entre otras cosas, dife­rencia la seguridad privada de la «defensa nacional», am­plía el objeto de las firmas pa­ra permitirles vigilar en luga­res públicos y espectáculos y hacer desminado; aumenta la vigencia de licencias de 5 a 15 años y les da más margen de acción al transporte blin­dado de valores.

«Frente a un proyecto de ley, el voto del pequeño empresario que tiene 50 a 100 vigilantes es tan valioso como el del gigante que dice que tiene 10.000 trabajado­res».

«Los TLC con EE.UU .y la UE excluyen la vigilancia. También la legislación brasileña, que es 10 años más avanzada que la nuestra prohíbe la inversión extranjera en este campo».

OSWALDO PARADA