Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollaron los primeros prototipos de drones como instrumento de defensa, pero hoy estas naves no tripuladas se han popularizado y tienen muchos otros usos.
Cada día son más los drones destinados a tareas como la lucha contra el narcotráfico o incluso para atención de emergencias, como extinción de incendios o reacción ante desastres naturales. También sirven para reparación o supervisión de infraestructura, búsqueda y rescate de personas, entrega de paquetes y, por qué no, para grabar a vecinas que se broncean ligeras de ropa en azoteas de edificios, como ocurrió recientemente en Eslovaquia.
En Colombia, las Fuerzas Militares apoyan varias de sus misiones con estos dispositivos, que en inglés se conocen como UAV (Unmanned aerial vehicle, que traduce vehículo aéreo no tripulado) y que acá llamamos Aeronaves Remotamente Tripuladas (ART). La Fuerza Aérea opera unos 50 ART a lo largo del territorio nacional.
El general del Aire de la Reserva Activa Flavio Ulloa, presidente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), señaló que, si bien los drones en Colombia no se utilizan para atacar blancos, su uso se enfoca en defensa, en tareas de vigilancia de oleoductos, vías, redes eléctricas y zonas estratégicas, o para misiones de inteligencia.
Señala que desde el 2009, Colombia inició el proyecto de crear su propio dron: Iris.
Al ritmo que crece la popularidad de los drones se mueve la discusión sobre cómo regularlos.
Ese será uno de los temas de la cuarta edición de Expodefensa, que se realizará del 29 al 31 de octubre en Corferias.
En el país no existe una regulación específica para estos equipos, pero sí hay normas de la Aerocivil para trabajos aéreos especiales, como aerofotografía, aerofotogrametría, geología sismografía, construcción, búsqueda y rescate, entre otros.
Lo primero es un certificado de aeronavegabilidad. El general Ulloa señala que la operación desde la parte militar también se hace en coordinación con la Aerocivil, en áreas aisladas y protegidas.
Pero al emerger otros usos, sobre todo comerciales, en países como Estados Unidos y España, las autoridades han acelerado esta discusión y tienen algunas pautas. En España, por ejemplo, existe una ley para controlar el uso de carácter comercial y civil de los drones. Para ello se han creado escuelas para operadores, que mediante cursos teóricos y prácticos certifican.
«Se trata de una formación multiárea que va desde el control de infraestructuras dañadas, rescate vertical para casos de inundación y tsunamis, y búsqueda de personas en grandes áreas, diurna y nocturna», explica Santiago Cuesta, director de formación de SRF Profesional.
Añade que también dan un taller sobre montaje, mantenimiento y reparación de las aeronaves. Son cursos de 180 horas de duración, en promedio, que cuestan unos 6.000 euros.
Para Cuesta, sin embargo, esa idea de entregar domicilios, como ya lo han planteado empresas en EE. UU., no está cerca. «No creemos que se pueda dar porque, si quieren llevar algo de un sitio a otro, se debe tener un espacio diáfano para aterrizar. Además, la legislación no permite volar por encima de personas ni de núcleos urbanos».
El ruido generado por esta propuesta ha sido acallado por la Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés), claro está que en los últimos meses ha cedido con la autorización a la petrolera BP para el uso de un dron para la inspección de rutas, oleoductos y otros equipos en Alaska.
El más reciente caso se dio en septiembre, cuando la autoridad de aviación de ese país dio luz verde al uso limitado de estos aparatos a productoras de Hollywood en sus grabaciones
Nicolás Congote Gutiérrez Redactor de EL TIEMPO
